En tanto, el Consejo de Defensa del Estado, CDE, querellante en el caso, destacó que siete de los 30 profesionales formalizados por emitir los permisos quedaran en prisión preventiva. El presidente de la entidad, Juan Antonio Peribonio, dijo que “demuestra que vamos en el camino correcto, porque el CDE ha trabajado con el sector de salud, para atacar esos grupos organizados y evitar que se siga defraudando la protección de la salud y el subsidio a la incapacidad laboral”.
