El 1 de abril pasado se cumplieron 6 años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral, la que exige a todas las empresas de nuestro país con 100 o más trabajadores contar con, al menos, el 1% de personas con discapacidad.
A pesar de que seguimos sosteniendo que esta normativa sigue siendo la mejor política pública para las más de 2 millones 800 mil personas con discapacidad en Chile, un reciente estudio de nuestra fundación revela que la implementación de esta normativa contiene importantes desafíos.
Desde la entrada en vigencia de esta norma y hasta diciembre de 2023, se han registrado 134.287 contratos, de los cuales 57.198 (43%) se mantienen vigentes y 77.089 (57%) se encuentran finalizados. Por lo tanto, por cada contrato vigente hay 1,35 contratos terminados. Esto nos demuestra que la sostenibilidad en los procesos de inclusión es una barrera que debemos mirar con mucha atención.
Además, el informe señala que los cupos laborales asociados a la cuota del 1%, estarían siendo ocupados principalmente por trabajadores/as que al inicio de la ley de inclusión laboral, en abril de 2018, ya participaban del mercado regular del trabajo. Esta situación, se desprende del incremento que han registrado las contrataciones con fecha de inicio previa al 1 de abril de 2018, las que al finalizar el año 2023 concentraron el 80,4% (108.004) del total de los contratos registrados.
Este fenómeno respondería, en su mayoría, a lo que llamamos acreditación interna, es decir, la búsqueda que realizan las empresas de trabajadores que son parte de la organización, desde antes del inicio de esta ley, en 2018, y que cumplen con los requisitos para ser registrados bajo la norma. Esto también dejaría en evidencia que sólo un 20% del total de contratos corresponderían a nuevos puestos laborales ocupados por personas con discapacidad.
La ausencia de data y mecanismos eficaces para registrar, analizar y proporcionar información actualizada respecto a la evolución y progreso de la normativa en Chile representa uno de los principales desafíos para organismos del Estado, ya que a casi 6 años de la entrada en vigencia de la Ley N°21.015, se carece de información oficial respecto a la cantidad de empresas afectas a la norma, así como también se
desconoce cuántas organizaciones del sector privado cumplen efectivamente con la cuota del 1%.
Estos datos son fundamentales para poder evaluar y mejorar esta política pública e ir realmente en beneficio de las personas con discapacidad que constituyen el colectivo en situación de vulnerabilidad más grande del país. En Fundación “ConTrabajo” seguiremos trabajando por mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, familias, y empresas inclusivas, que día a día contribuyen a hacer de Chile un mejor país.
Ivanna Sáez, directora ejecutiva Fundación Contrabajo
