Por: Luis Riveros
En la década de 1970 se verificó que el INE había manipulado la información de precios al consumidor para obtener fraudulentamente una menor tasa de inflación. Fue un serio problema para la credibilidad de las cifras económicas, en general, y del INE como institución que debía garantizar transparencia en la información. El efecto de la situación creada en aspectos como el reajuste de sueldos y salarios, el establecimiento de compromisos financieros en términos reales, y la propia interpretación de las cifras macroeconómicas reales, fue muy importante. Más aún lo fue el deterioro en la credibilidad del INE, especialmente porque no existieron medidas de gran significancia para castigar el mal uso de los datos y la producción de información intencionalmente distorsionada. Por años, además, la discusión se centraba en índices de precios y tasas de inflación que pretendían corregir el efecto de las distorsiones inducidas.
Esa historia parece repetirse, aunque aparentemente a menor escala, pero en forma igualmente perjudicial para el país y la credibilidad de los indicadores económicos. Lo que ha ocurrido en el INE con relación a los precios medidos en dos meses del año 2018 es importante por los efectos en compromisos financieros, la reajustabilidad de muchas variables y la propia credibilidad de la política económica, especialmente cuando el Banco Central establece metas en términos de inflación anual. Pero más importante, es que la credibilidad del Instituto aparece cuestionada, frente a lo cual es necesario adoptar medidas contundentes. Primero, castigando severamente, con todo el peso de la ley, a los responsables al probarse que distorsionaron intencionalmente las mediciones de precios. Segundo, dar pasos concretos para lograr la independencia del INE, un proyecto del cual se ha venido hablando por años y que corresponde en el marco de mejorar su institucionalidad y sistemas de control.
