Wilson Tapia Villalobos
Las tensiones no son nuevas. Las raíces tal vez habría que buscarlas antes de la llegada de los españoles, cuando trataron de someterlos los incas. Unos y otros fracasaron. Sólo la República logró extenderse hacia el sur. Hubo Parlamentos y engaños. Y las soluciones no han ido acordes con los tiempos. Durante la dictadura, el pueblo mapuche sumó nuevos agravios. Tierras que les pertenecían les fueron arrebatadas y entregadas a grandes compañías madereras. A eso se suman otros atropellos. No es casual que la Región de la Araucanía sea la más pobre de Chile. Con 17,2% de pobreza, duplica la tasa nacional. Y con un 9% de analfabetismo, también se ubica por sobre la media, que es de 6,4%. La Unesco señala que un país libre de la lacra del analfabetismo debe tener menos de 3% de sus habitantes mayores de 15 años en esa condición.
El crimen de Camilo Catrillanca no es más que un nuevo atropello que ha sufrido el pueblo mapuche. El problema actual es cómo se logra desactivar una situación que no permite augurar un desarrollo positivo. Las medidas adoptadas hasta ahora no han dado resultado. Tal vez porque han ido a dar respuestas políticas más que a entregar los beneficios que aporta la democracia de manera ecuánime.
Lo concreto es que en la Araucanía hay intereses encontrados. Y no son sólo del Estado chileno y del pueblo mapuche. Entre quienes forman este último también hay miradas e intereses diferentes. Muchos se han desmarcado de las aspiraciones de rescate de la cultura autóctona. Otros se mantienen indiferentes, mientras también hay quienes han asumido un papel activo dentro de los márgenes que le permite la estructura neoliberal que impera en el país. Un dato interesante es que allí la derecha, generalmente, obtiene muy buenas votaciones en las consultas electorales.
En el actual gobierno igualmente hay posturas disímiles. Algunos sostenían, hasta hace poco, la necesidad de militarizar la zona. Incluso se proponía que los soldados chilenos que participaron en la misión de paz en Haití pasaran de inmediato a la Araucanía. Entre quienes pensaban así está Jorge Atton, el Intendente que reemplaza al renunciado Luis Mayol. Claro que Atton tiene pensamientos especiales que van más allá de su formación de ingeniero electrónico. En Linkedin se identifica así: “Al igual que Michael Jordan. He fallado una y otra vez en mi vida, por eso sigo intentando conseguir el éxito” (sic).
La búsqueda de soluciones consensuadas parecía ser la alternativa que enarbolaba el gobierno del presidente Piñera. Pero aparte de las declaraciones, el Plan Araucanía no alcanzó a entusiasmar demasiado en la zona. Y el crimen de Catrillanca mostró en toda su intensidad lo que los mapuches resienten. Y que algunos no están dispuestos a tolerar. Frente a ello, es lícito preguntarse: ¿Por qué se le dio libertad a Carabineros para actuar de la manera que lo hizo? Y si no fue así: ¿Por qué no se tomaron las prevenciones para impedir que la policía tomara decisiones por sí misma? Cabe recordar que el ex Intendente Luis Mayol refrendó de inmediato la versión falsa de los carabineros que intervinieron en el crimen.
Un mínimo de prudencia y otro mínimo de sentido común hace indispensable enfrentar con realismo lo que está ocurriendo en los organismos armados del país. No se trata sólo de la corrupción que campea en las altas esferas. También está el hecho que, durante la dictadura, los uniformados adquirieron un estatus que hasta ahora mantienen. Una situación muy diferente a la de otros trabajadores del Estado. Y, también, con una autonomía que en la realidad desmiente aquello de la obediencia al poder civil. Hay un sometimiento aparente, ya que en el gobierno el que aporta los recursos de las ramas armadas. Pero cuando se trata de seguir las directrices que emanan del régimen democrático, las cosas son diferentes.
Ejemplos sobran. Durante la dictadura se ahondó en la idea de que civiles y militares son seres diferentes. Y, de ellos, los mejores son los uniformados. Si a esto se agrega que los manejos económicos los beneficiaban, no tenían por qué no asumir aquello como una realidad. Hoy seguimos manteniendo regímenes de pensiones diferentes. En que el de los uniformados supera con mucho el de los civiles. Los altos mandos disfrutan de beneficios que sus pares civiles no tienen. Todo esto hace que los policías, militares, aviadores o marinos, crean que son una especie superior. Y que, por ello, disfrutan de un trato especial. De allí que mucho de lo que hemos conocido últimamente -desfalcos, abusos, falsedades, corrupción- no sea más que la manifestación de la supremacía que creía tener en la nación una casta especial.
Han pasado 38 años y los gobiernos democráticos no han sido capaces de marcar claramente la cancha democrática. Entre los timoratos “en la medida de los posible” y las seguridades autocomplacientes de que “las instituciones funcionan”, el andamiaje dictatorial sigue en pie. En ello hay responsabilidad de todos. En especial del centro y la izquierda. Pedirle a la derecha que se encargara de limpiar aquellas lacras antidemocráticas era absurdo. Finalmente, la dictadura no fue sólo militar.
El asesinato de Camilo Catrillanca nos debe obligar a mirarnos sin tapujos y a hacer las correcciones necesarias. Finalmente, lo que ocurre en la Araucanía no es más que el reflejo de la malsana realidad del país.
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