Las reacciones a los cuestionamientos de la Contraloria al otorgamiento de las pensiones de gracia

Por Cristian Alvarez

Este jueves y tras la publicacion de un nuevo informe de la Contraloria que cuestionó la entrega de mas de 50 pensiones de gracia, Diversos sectores políticos y estamentos estatales comentaron estos polémicos otorgamientos, Desde la ministra del Interior Carolina Tohá señalaron que entregaron estas compensaciones en base a la legalidad vigente, pero que si es necesario, revocarán estos otorgamiento, Mientras que desde la Oposición rechazaron estas entregas, cuestionando el rol del subsecretario del Interior Manuel Monsalve en estas tramitaciones, INDH descartó involcramiento en estas entregas, La Moneda estima que 69 son las pensiones que podrian ser revocadas

Nuevamente, un fantasma de los sucesos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019, remece la política, Esta vez provino desde la Contraloria General de la República, quien público un polémico informe sobre las asignaciones de pensiones de gracia hacia afectados por represiones desde agentes del Estado durante el Estallido Social, pero esos afectados por esos casos, fueron victimarios en sus experiencias de vida, algunos con los peores delitos posibles, Una nueva polémica que fue nuevamente comentada por diversos sectores políticos durante este jueves, que reabrió una herida que ha sido dificil de sobrellevar, en especial para el actual Gobierno

Partamos por el Estado que a traves de diferentes referentes, fueron comentados los resultados de este informe, Por ejemplo, la ministra del Interior Carolina Tohá, comentó desde la Región de La Araucania, el contenido de este informe, señalando que se siguieros los respaldos legales establecidos desde el Gobierno anterior, pero indicando que se evaluará cada caso polémico para revocar si es necesario, estos otorgamientos: “Las pensiones de gracia se entregaron en virtud de una Ley de Presupuestos, el año 2021, y que se aplicó el año 2022, y en base a un ofició que entregó el subsecretario (Juan Francisco) Galli que detallaba el procedimiento de entrega para las pensiones de gracia, y dentro de los requisitos a contemplar, no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales, Hoy dia que estos están a la vista, El presidente ha instruido que aquellas personas que tenian antecedentes penales, al momento de tener las pensiones de gracia, se evalue uno por uno, el caso, Dejando a las personas que tengan un daño permanente, por ejemplo, la pérdida de un globo ocular, mantener ese beneficio, pero que en caso de no tener ese daño permanente, evaluarlo”, Aunque desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos señalaron que la entrega de estas pensiones, pasaron por el Ministerio del Interior, como tambien la certificación de victimas: “El otorgamiento del beneficio de la pensión de gracia, contenido en las glosas de las mencionadas leyes de Presupuesto, estaba radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran. Todas las pensiones otorgadas por decisión del Ministerio del Interior lo fueron en virtud de la glosa de personas de afectación en el marco de las manifestaciones. No lo fueron conforme a las glosas que mencionan al INDH. La evaluación o acreditación de lesiones y el menoscabo laboral que puedan ocasionar están fuera de las facultades que la Ley N°20.405 otorga al INDH y eso son tareas completamente ajenas a su misión y competencias”, señalaron desde este órgano estatal

Desde el ambiente político, hubo también comentarios de diversos tonos, Desde la Oposición, el diputado RN Diego Schalper, señaló que la autoridad y gestión del actual subsecretario del Interior está en entredicho por su rol en los otorgamientos de estos polémicos dineros: “Él que entrega las pensiones de gracia en el último término es el presidente de la República, pero quien ha llevado el tema, quien llevó el proyecto de ley a la Comisión de Desarrollo Social y quien ha ido a dar explicaciones a la Comisión de Seguridad, ha sido el subsecretario, y obviamente nuestra impresión es que su continuidad, de momento de que él dio información incompleta, preguntas que saltan inmediatamente, sabian de esta información y porqué?, Porqué innovaron con un proyecto en materia de pensiones de gracia que no contenia efectos retroactivos ?, Porqué no las revocaron de inmediato?, O sea, son demasiadas las preguntas”, Mientras que desde el Oficialismo, El presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, rechazó que se niegue la no entrega de estas compensaciones estatales, a personas que sufrieron estos excesos policiales, incluso si cometieron delitos en el pasado, señalando que es un debate innecesario: “Si alguien quiere hacer correcciones a las legislaciones vigentes, del punto de vista de que un delincuente no tiene derecho a reclamar respeto a los derechos humanos, y si ven violentados esos derechos, no tendriá porqué pedir nada?, Bueno, ese es otro debate jurídico, yo no soy abogado, pero tengo una experiencia desde el punto de vista de la convivencia mundial, no se si por ser delincuente, tienen derecho a que le saquen un ojo y no reclamar, Yo creo que es un absurdo, O sea, estamos haciendo un debate que es un sub mundo, no tiene que ver nada una cosa con la otra”, señaló este líder partidario

Durante esta tarde, Fuentes de La Moneda, especificaron y actualizaron los datos correspondientes a estas entregas polemicas de compensaciones financieras, señalando que estan los 418 casos de entregas de pensiones, donde 148 fueron entregados en el pasado Gobierno de Sebastián Piñera y 270 fueron otorgados por el actual Gobierno, Aunque son 69 casos, los polémicos a revisar, donde según especificaron estas fuentes, será el propio Primer Mandatario Gabriel Boric quien especifique si revocar o no estas pensiones, estimandose que 17 de ellas queden sin efecto, Para mañana viernes, Parlamentarios de Chile Vamos concurriran a la Fiscalia, obligar legalmente, las cancelaciones de las entregas de estas pensiones