El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, negó que el Gobierno esté siendo permisivo respecto a las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros. Thayer atribuyó a la baja materialización de éstas a una excesiva “burocracia” de la ley.
Según la nueva Ley de Migración y Extranjería “se debe notificar personalmente al afectado, que dispone de 10 días para presentar sus descargos. Luego de ese plazo, se debe notificar la expulsión en forma personal y el afectado tiene otros 10 días para recurrir ante la Corte de Apelaciones. En todo ese tiempo no procede la detención del extranjero”.
En ese marco, Luis Thayer “descarto categóricamente que haya manga ancha”. Como Servicio, explicó, “cumplimos dos funciones en el proceso: contribuimos a la materialización de las expulsiones a través de la coordinación con las líneas aéreas o la FACh, y eso ocurre con las expulsiones judiciales y las administrativas, apoyando a la PDI.
