La implementación de la nueva Ley de Delitos Económicos ha sido un desafío que ha ocupado intensamente a las compañías de nuestro país en el último año y de a poco se ha ido dibujando un panorama con datos y aprendizajes interesantes de observar.
De acuerdo a las más de 400 empresas que participaron de nuestro estudio realizado en
conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, un 80% de las
organizaciones declaró que sus Modelos de Prevención de Delitos (MPD) son esenciales en su estrategia de negocio, lo que significa que poco a poco se han ido ganando un espacio como elementos estructurales a nivel interno, más allá de ser una simple obligación legal.
Este alentador indicador demuestra que las firmas chilenas no solo están dispuestas a cumplir con la normativa, sino que también están adoptando estándares que contribuyen activamente a una cultura de integridad y transparencia. El estudio también mostró una notable diferencia en el nivel de preparación de las industrias: sectores de Transportes, Energía y Recursos Naturales, Servicios Financieros y Retail lideran la
implementación de la normativa, mientras que otros, como Infraestructura y Servicios Legales, aún se encuentran en las etapas iniciales del proceso. Esta disparidad demuestra la importancia de impulsar capacitaciones y políticas internas, algo que el 92% de las empresas ya está abordando mediante asesorías y nuevos protocolos.
La preocupación en torno a los delitos de corrupción -el más mencionado por las firmas- se
distribuye de manera similar entre los sectores, destacándose el soborno y el cohecho como temas urgentes tanto en el sector público como en el privado. Además, los delitos ambientales emergen como una preocupación crítica, situándose en segundo lugar. En un contexto donde la sustentabilidad es cada vez más relevante para la competitividad, siendo desafíos que van más allá de la responsabilidad legal, se ponen a prueba la coherencia entre la actuación empresarial y los principios que éstas promueven.
Mirando al futuro, las compañías se encuentran en una etapa decisiva. A partir del próximo
año, las organizaciones deberán evaluar sus modelos preventivos, corregir errores y fomentar un ciclo de mejora continua. Chile aún tiene un camino por recorrer para implementar un sistema regulatorio efectivo en esta área; sin embargo, las empresas están dando un paso firme en este proceso.
La norma, a pesar de su carácter punitivo, ha ofrecido una oportunidad invaluable para
avanzar hacia organizaciones más transparentes, en la que los delitos económicos y
ambientales son combatidos desde la raíz. La implementación de los MPD, por el contrario de lo que muchos podrían creer, no restará competitividad a las organizaciones, sino que las harán más sólidas de cara a enfrentar estos y otros desafíos venideros.
Andrés Martínez, Socio Líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG en Chile
