Por Cristian Alvarez
Este miércoles, y tras el revuelo causado tras su revelación, El Ministerio de la Vivienda, pidió la devolución de los dineros asignados a la fundación “Democracia Viva” por la SEREMI de Vivienda de la Región de Antofagasta, donde fueron traspasados a esta ONG, mas de $420 millones, de los cuales solo el 3% ha sido gastado, El ministro de esta cartera Carlos Montes anunció además una serie de medidas como el término de las asignaciones directas, la entrega de antecedentes al Ministerio Público y una visita a la señalada región para supervisar la concreción de proyectos, Presidente de RD anunció petición de expulsión para militantes involucrados, saldo para la diputada Catalina Pérez a quién destacó su colaboración, Otras fundaciones han sido cuestionadas por estas entregas de dineros
Una bola de nieve que partió en el casí árido norte de nuestro pais, ha seguido rodando hasta alcanzar inusitados volumenes, faltando ver hacia quienes impactará, pero eso lo veremos en los próximos dias, porque en lo importante, ya hay acciones concretas para enfrentar esta situación, y una de ellas fue anunciadas en este miércoles feriado, por el Ministerio de la Vivienda, quien pidió la devolución de los cuestionados recursos monetarios asignados a la fundación “Democracia Viva”, desde la SEREMI de la Región de Antofagasta, realizados por personas cercanas a la diputada de R.D. Catalina Pérez
Partamos por lo declarado por el ministro de Vivienda Carlos Montes, quién ante el revuelo que ha generado este caso, anunció una serie de medidas para enfrentarlo, como por ejemplo una visita a la Región de Antofagasta para supervisar esta situación, el aporte de antecedentes al Ministerio Público que ya abrió de oficio, una investigación al respecto, sumarios administrativos, y cambiar el sistema de asignaciones directas a proyectos, como los que fueron destapados, aunque lo mas llamativo fue la petición directa de la devolución de los dineros ya asignados a esta mencionada ONG, señalando que si no son devueltos, iniciaran las medidas correspondientes: “Lo sensato y razonable es que la fundación “Democracia Viva” ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados, y una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado y que está en proceso de revisión, nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición, Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos, Esto es lo fundamental que queriamos decir, probablemente ustedes tienen distinta consultas, probablemente ustedes desean saber si es que los antecedentes que tenemos revisten caracter de delíto, no nos corresponde a nosotros calificarlos, lo que son”, declaró el titular de esta cartera, quién ademas indicó que ante las denuncias de funcionarios del SEREMI de Vivienda en Antofagasta, indicó que hubo señales, que por el momento fueron desestimadas, porque no eran completas: “La información que yo tuve antes, es que habia una excesiva contratación de funcionarios de RD, esa fue la observación, no lo que finalmente, ni la cantidad, ni las caracteristicas de los proyectos de esos, yo no los sabia, se conocian en el ministerio, pero no los conocia directamente, porque no estaba directamente vinculado a eso, pero a partir de la denuncia de los gremios, se hizo un estudio, se recabaron la información, y se llegó a la conclusión de parte de quienes la hicieron que la información era limitada”, declaró así este ex senador PS
Mientras que desde Revolución Democrática, el partido politico que resultó ser el mas afectado por esta situación, hubo anuncios de relevancia, en torno a la actuación de sus militantes, El presidente de esa colectividad, Juan Ignacio Latorre, declaró que tras una larga reunión de su Consejo Político, finalmente se determinó a nombre de la directiva, pedir la expulsión de los militantes involucrados ante el Tribunal Supremo, en caso que se comprueben sus responsabilidades: “Nosotros ya el fin de semana como directiva nacional, habiamos solicitado al T.S. (Tribunal Supremo), la suspensión de militancia como medida cautelar, no como medida sancionatoria, como medida cautelar, mientras se investiga todo, Pero ayer el Consejo Político, dio un paso mas, y fue acordado colectivamente, solicitar que el Tribunal Supremo expulse, eso como sanción, igual tiene que haber un debido proceso, y también estamos pidiendo que se acelere la resolución, Ahora eso lo determinará el Tribunal Supremo, respetando nuestra institucionalidad”, Mientras que sobre el caso de la diputada Catalina Pérez, el senador destacó la disposición de su antecesora para aclarar este asunto: “Respecto de la diputada Catalina Pérez, lo que tenemos hasta el dia de hoy, y lo que hemos coordinado como partido, como directiva nacional, es que ella haya ido a la Contraloria, ella es la primera interesada y nosotros como partido, somos los primeros interesados, en que se investigue por un lado, la arista legal de este convenio, que no haya ninguna irregularidad, ningun vicio de irregularidad en el convenio, y por otro lado, que ella se someta a cualquier investigación por ejemplo de tribunales de justicia o de la Fiscalia que ha sido admisible, y ella ha dicho que me revisen todo, a diferencia que lo que han visto de otros partidos políticos”, señaló así el parlamentario
Durante esta jornada, La Fundación “Democracia Viva” se defendió en Twitter ante las acusaciones por estos cuestionados traspasos de dineros, declarando que los dineros gastados se han invertido en proyectos y asesoramientos: “El último trimestre de 2022 DV trabaja en 10 campamentos de la R. de Antofagasta con un trabajo en terreno que busca la participación ciudadana en la toma de decisiones y mejorar la habitabilidad en campamentos (…) Los objetivos de los convenios 504 ($200MM) y 576 ($170MM) son el acompañamiento comunitario en la ejecución de obras relacionadas a seguridad y salubridad. Instalación de luminarias e implementación de medidas para mitigar amenaza de incendios, entre otras. Duración: feb 2024”, declaró esta ONG, quien ademas rechazó el “acoso” hacia funcionarios y ex colaboradores, provocados por este caso, Este metodo de financiamiento, tambien han repercutido en otras fundaciones con proyectos parecidos como “Pro-Cultura”, donde la denuncia de la Asociación de Funcionarios, declaró que recibian hasta $500 millones de pesos asignaciones directas, materializadas por ejemplo, en el arriendo de un inmueble. situación que su director ejecutivo Alberto Larraín lo descartó: “Los arriendo los pagamos por adelantado (permite bajar el valor). Todos los papeles están. El proyecto cuenta con un subsidio nuestro para ejecutarse”, declaró este representante, Para mañana jueves, parlamentarios de RN y la UDI anunciaron la presentación de recursos ante la Contraloria y el Ministerio Público para intentar aclaras mas esta polémica situación
