La Fiscalía, en conjunto con la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, desarticuló a una banda, integrada por cuatro personas, que se dedicaba a cobrar a inmigrantes para ingresarlos al país por pasos no habilitados. La agrupación era liderada por una profesora venezolana, que trabajaba en un liceo de Alto Hospicio. El fiscal del caso, Hardy Torres, dijo que se estableció que la imputada recibió más de 21 millones de pesos.
